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Dirigida por el Dr. D. Álvaro Sánchez Bravo, Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Medio Ambiente y desarrollo sostenible.

En el pórtico de un nuevo milenio, la reflexión sobre las cuestiones ambientales constituye una cuestión inaplazable. Problemas como la escasez e injusta distribución del agua, el cambio climático o la destrucción de nuestros ecosistemas naturales, no son más que la constatación de un modelo civilizatorio que agoniza y que pone en juego, no sólo nuestra economía, sino nuestra propia existencia biológica; que pone en jaque, al ¿homo sapiens?, y a esos millones de seres vivos, que determinan esa aventura maravillosa que es la vida.

Es por ello que ha llegado el momento de abordar estas cuestiones con la seriedad y rigor que la cuestión merece. La magnitud y las implicaciones planetarias de este nuevo escenario requieren el compromiso de todos. Pero un compromiso asimétrico que haga descargar sobre los responsables el peso de restaurar lo destrozado, y ayude a los respetuosos a seguir por esa senda, mientras garantiza la prosperidad de sus pueblos. Es decir, optar por ese nuevo paradigma de la glocalidad. Problemas mundiales a los que hay que dar respuesta desde los ámbitos más próximos a las necesidades de los ciudadanos, para que éstas sean satisfechas sin menoscabar el legítimo anhelo de satisfacción de otros.

Pero ese nuevo paradigma debe ir acompañado, en su basamento, de aquella idea desarrollada allá por 1992 en la cumbre Mundial sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro, donde se puso sobre la mesa la necesidad de una nueva mentalidad, pero sobre todo una nueva forma de hacer las cosas: sostenibilidad.

Pero como venimos defendiendo, desde hace ya algunos años, una sostenibilidad justa y no una sostenibilidad insostenible: Hoy, el concepto de sostenible sirve para justificar casi cualquier política, acción o iniciativa que tenga en lo ambiental su referente. Pero una cosa es hablar de sostenibilidad y otra cumplirla. Retomando la Cumbre de Río, optar por aquella sostenibilidad que supone garantizar la satisfacción de las necesidades presentas, a la vez que garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Por que cuando de necesidades se habla, se evidencia el agotamiento de un modelo, productivo, social y cultural que ha tenido en el consumo masivo de recursos y combustibles fósiles el ariete de su desarrollo, pero que nos ha colocado en un punto de no retorno, de consecuencias aún impredecibles.

Los datos científicos son bastantes contundentes, y evidencian la irreversibilidad de muchos procesos naturales que se han visto tan sustancialmente alterados que no podrán volver al estado en que se crearon naturalmente. La necesaria visión antrópica de la naturaleza, ha sido superada por la consideración de aquélla como un mero instrumento del que usar y abusar, sin considerar que es la base misma de nuestra existencia biológica, y de nuestro mundo tal y como lo conocemos y vivimos.

Pero aun no es tarde, y tenemos que ponernos en marcha para evitar, y si no es posible, paliar, los efectos de nuestra conducta irresponsable con la madre tierra.

El compromiso debe ser de todos. A la cabeza los ciudadanos responsables que, sin renunciar a su legitima aspiración de mejora en sus condiciones de vida personal y familiar, asumen el compromiso en sus quehaceres diarios por conseguir un mundo más justo y más limpio. No se piden héroes, ni arribistas llegados por lo atrayente de lo ambiental, sino personas comprometidas e inteligentes que comprendan que la defensa de los valores ambientales es la defensa de su propia dignidad. La apuesta por la educación ambiental, y la garantía de los derechos a la información, a la participación y el acceso a la justicia en materia ambiental constituyen los elementos de esa nueva cultura, de ese nuevo contrato social.

Pero junto al compromiso ciudadano, la labor de los Entes Territoriales, Estados y Organismos internacionales es imprescindible en esta materia. Junta a las iniciativas y los compromisos privados, el desarrollo y la implementación de políticas públicas ambientales constituye una labor inaplazable de los entes públicos en el ejercicio de sus poderes legítimos y en la defensa de los derechos e intereses generales. Difícilmente los responsables políticos podrán manifestar sus compromisos con sus ciudadanos, sino asumen la defensa ambiental como uno de los valores fundamentales de la estructuración de un verdadero Estado social y democrático de Derecho.

Pero junto a las políticas internas, entre las que se encuentra el reconocimiento del derecho al medio ambiente, como un derecho fundamental, con todo lo que eso supone, se impone también la dimensión internacional, centrada en una justa y equilibrada “solidaridad ambiental internacional”. Cientos de acuerdos han sido elaborados, firmados e incluso ratificados, sin que sus contenidos se hayan plasmado en realidades y mejoras. El Protocolo de Kyoto es una buena muestra de esto: países altamente contaminantes que no asumen sus compromisos, países en desarrollo a los que se niega su derecho a una vida mejor, y en medio el interés del mercado y de un modelo económico que sólo valora la rentabilidad a corto plazo, y obvia los daños al plazo largo.

Pero esta experiencia tiene también su lado positivo: Estados que si asumen sus compromisos; la Unión Europea desarrollando una estrategia unitaria en materias tan relevantes como el agua, la lucha contra el cambio climático o la detención de la perdida de biodiversidad; o el compromiso de una parte del planeta de que los países en vía de desarrollo garanticen el bienestar de sus ciudadanos, sin asumir nuestro decadente sistema industrial y productivo, a través de mecanismos justos y progresistas, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Pero la cuestión no se resuelve sólo en términos de aportaciones monetarias, ayudas o compensaciones más o menos caritativas, sino en una verdadera modificación de las formas tradicionales de relacionarse en el escenario internacional. La transferencia de tecnología punta, y las inversiones en investigaciones compartidas son un buen mecanismo para asegurar un futuro mejor, y no una mera limosna de los ricos hacia los desheredados.

Por que no olvidemos, que la magnitud de los problemas es planetaria, y las soluciones tienen que serlo también. Sin una comunidad internacional unida, no habrá resultados duraderos y eficaces. Todos tienen que ser conscientes que los problemas nos atañen a todos, y ante riesgos de catástrofes universales, el compromiso debe ser urgente, leal e igualitario.

Y es a esta labor a la que se consagra esta obra que aglutina las reflexiones de un número relevante de investigadores y académicos de ambos lados del Atlántico, cuyo compromiso con esta temática es acreditado y reconocido internacionalmente. Agradecer a todos su compromiso, su apoyo, una vez más, en esta nueva obra, y su afecto en este ilusionante proyecto. Recuerdos emocionados de una conversación con los compañeros diarios de tantos años, con nuestro querido Maestro a la cabeza, en nuestra hermosa ciudad milenaria; Brasil, Estado-continente, tan distante y tan próximo en las inquietudes intelectuales y en los afectos; Uruguay, amigos sentidos caminando por Bulevar Artigas de Montevideo... Gracias amigos, por estar siempre ahí.

Mención especial para la Empresa de Gestión Medio Ambiental de la Junta de Andalucía, por acoger con entusiasmo y compromiso esta iniciativa, patrocinando la edición y publicación de esta obra, y por creer en la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones desde los ámbitos de la administración pública y garantizar la información de los ciudadanos.

Confiemos en que otro mundo es posible, y luchemos por alcanzarlo.
Sevilla, primavera 2008.

Prof. Dr. Alvaro Sánchez Bravo.
Profesor de Teoría del Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla.
Profesor de Política Criminal. Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
Presidente de la Asociación Andaluza de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.